LAS TRUCHAS DE CASTILLA Y LEON EN LA PICOTA Por Javier Cabo de "Mosqueros del Tormes"

Las truchas de Castilla y León en la picota

La aplicación de la nueva Ley de pesca pone en peligro poblaciones de trucha en Castilla y León.

A finales de este mes de octubre está previsto que se vote en las Cortes Autonómicas de Castilla y León la nueva normativa de pesca. Una ley polémica cuyo borrador se presentó públicamente en diciembre del 2011 y que ha sido alegada por muy diversos colectivos. Una vez incorporadas algunas de las alegaciones a la Ley que, como todas las leyes, no está hecha a gusto de todos y menos en un colectivo tan heterogéneo como es el de los pescadores, a muchos nos pareció un gran avance respecto a la normativa en vigor. Fundamentalmente porque clasifica a la trucha como especie de interés preferente, esto es, que la ley garantiza la protección de esta especie a través de medidas de conservación de sus poblaciones que tendrán que estar reflejadas en el futuro reglamento que desarrollará esta ley y en las ordenes de vedas anuales.

Aún así, la nueva ley contempla que la pesca de truchas en aguas libres se practicará en la modalidad de captura y suelta, es decir, sin el sacrificio del animal. Un avance importante en la concepción de la pesca como actividad lúdica y sostenible, superando el instinto predador de los humanos, orientada a incrementar la oferta a un importante número de aficionados, pero que sin embargo es una de las principales causas de la falta de acuerdo y del enfrentamiento entre pescadores.

 

Ante la inminente entrada en vigor de la nueva Ley de Pesca, ya que presumiblemente la próxima temporada comenzará bajo su amparo, en los consejos de pesca provinciales que hasta ahora se han celebrado (Salamanca y León) la presidencia ha propuesto y se ha aprobado por votación un cambio en la concepción de las distintas zonas de pesca, transformando muchos tramos (tanto acotados como zonas libres) donde tradicionalmente se ha practicado la pesca sin muerte, en tramos de pesca extractiva durante gran parte de la temporada. Los motivos alegados para estos cambios han sido mantener la oferta de pesca con muerte hasta que se realice una nueva zonificación de cuyo estudio saldrá el uso y la modalidad de pesca que se le dará a cada tramo, todo ello en aras de minimizar la conflictividad social.

No discutimos el acierto de las previsiones que la administración hace ante la inminencia de una ley de carácter maximalista y de difícil cumplimiento inmediato por falta de un trabajo que debería haber sido previo a su aprobación, como es la zonificación de los tramos de pesca. Pero la propuesta que ha llevado a los consejos ha sido descabellada: en suma se trata de convertir en cotos de pesca extractiva las zonas que tienen las mejores reservas y poblaciones de peces -en el caso de Salamanca el Chorrón y Galisancho, la totalidad de los cotos de pesca sin muerte que existen en la provincia-, que se han consolidado después de un trabajo de más de 20 años de recuperación, de su conservación y de una gestión que los ha convertido en referencias a nivel nacional e internacional.

Por supuesto a estas zonas de pesca acotadas se accederá, previo pago, mediante un permiso. En alguna de las propuestas figura un cupo de dos truchas por pescador y día que, tal y como están sus buenas poblaciones de peces, cada pescador podrá conseguir en una media de unos 10 minutos, dedicando el resto de la jornada de pesca a mirar el río, a irse a su casa o a seguir pescando (¿sin muerte?).

No creemos que esta sea la mejor forma de poner una ley en vigor, proponiendo unas medidas que contradicen por completo los principios que la impulsan, pero tampoco es bueno que un colectivo de pescadores sienta que su afición no tiene continuidad; por lo que compaginarlas debe ser tarea del legislador sin traicionar a ninguna de las partes implicadas y, por supuesto, sin dilapidar ni malvender las truchas de los ríos castellano-leoneses, un patrimonio que es de todos -no solo de los pescadores- y que es imprescindible conservar si queremos que la pesca en esta comunidad tenga continuidad y no pase por el gran bache que supondría la sobrepesca de sus mejores poblaciones de truchas en unos ríos con su capacidad de regeneración muy mermada.

Podemos entender que una actividad cuya recaudación directa puede resultar deficitaria para la hacienda de Castilla y León, tenga que replantearse en cuanto a las tasas que aplican, no sin antes ponderar el impulso económico debido al turismo que rodea a la pesca y que decrecerá en la misma medida en que desciendan sus poblaciones de peces. Por lo que no es suficiente con subirlas como se hizo la pasada temporada, una medida que ha sido contraproducente en este sentido, ya que debido a esta subida también ha descendido este año el número de licencias y permisos solicitados y con ellas los ingresos totales. Existen otras fórmulas eficaces que ya se aplican en otros países en los que la pesca se práctica en igual o mayor proporción que en España.

Tampoco entenderemos otros motivos que no sean los expuestos en los preámbulos de las propuestas de los consejos provinciales, aunque desde luego se nos pueden venir muchos a la cabeza, y entre ellos uno de los que más pesadillas crea en el pescador, que no es otro que la privatización de un bien público como son sus ríos y sus peces a través de otorgar a empresas la gestión de la pesca.

Javier de Cabo